Conflicto mapuche histórico: tierras, reconocimiento y violencia en La Araucanía (análisis Bengoa 2021)

Resumen

El conflicto mapuche en el sur de Chile, particularmente en la Región de La Araucanía, constituye uno de los problemas políticos y sociales más prolongados del país. En octubre de 2021, el presidente Sebastián Piñera declaró estado de emergencia en cuatro provincias del Wallmapu, desplegando más de 900 militares con carros blindados y helicópteros ante una ola de violencia que incluía quema de iglesias, ataques armados en caminos rurales y enfrentamientos con víctimas fatales. El historiador y antropólogo José Bengoa, reconocido experto en la cuestión mapuche, advirtió que la presencia militar no resuelve las causas estructurales del conflicto: la demanda de tierras, el reconocimiento constitucional y el fin de la discriminación. A pesar del despliegue militar, la violencia continuó con múltiples atentados en la provincia de Malleco contra empresas forestales y una iglesia evangélica, acompañados de lienzos en contra del ejército. Bengoa señala que la conexión de las nuevas generaciones mapuches con el mundo global hace aún más insostenible la situación de exclusión y falta de reconocimiento que padecen. En agosto de 2020, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un comunicado llamando al diálogo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, advirtiendo que una respuesta puramente centrada en seguridad pública agravaría la situación. El representante regional Jan Jarab solicitó una investigación pronta, independiente y exhaustiva de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones discriminatorias contra el pueblo mapuche, y pidió una solución negociada para poner fin a las huelgas de hambre que sostenían presos mapuches por más de 90 días. Un desarrollo posterior significativo fue el rechazo ciudadano a la propuesta de nueva Constitución, que habría introducido cambios sociales radicales favorables al reconocimiento de los pueblos indígenas, incluido el pueblo mapuche. Este resultado electoral representó un revés para las aspiraciones de reconocimiento constitucional mapuche y dejó el conflicto en una fase de tensión latente, sin que se hayan resuelto las causas estructurales que lo originan. El conflicto nuevo aporta como elemento adicional la identificación explícita de la falta de aplicación del artículo 169 del Convenio 169 de la OIT como causa específica señalada por las comunidades mapuches, así como la constatación de que la escalada de violencia de 2020 incluyó también ocupaciones de recintos públicos, lo que enriquece el panorama de medidas de presión empleadas en ese período. Fuentes periodísticas internacionales, como BBC, han caracterizado el conflicto como centenario y destacan que sus manifestaciones de violencia —atentados incendiarios contra iglesias, quema de viviendas, ataques armados contra conductores en caminos rurales y muertes tanto de comuneros mapuches como de terceros— constituyen expresiones de una disputa estructural no resuelta, confirmando que el ciclo de violencia documentado en años recientes no es un episodio aislado sino parte de una dinámica histórica persistente. El conflicto nuevo aporta adicionalmente la caracterización de los enfrentamientos del período 2020-2025 como parte de la violencia en la denominada Macrozona Sur, encuadre que sitúa los hechos de La Araucanía dentro de una dinámica territorial más amplia que involucra también a civiles, y que confirma la continuidad del conflicto más allá de los episodios puntuales documentados, manteniéndose en un estado de tensión latente con potencial de reactivación.

Causa y demanda

Causa

El conflicto mapuche tiene raíces centenarias ligadas a la pérdida masiva de tierras ancestrales durante la ocupación militar del Estado chileno en el siglo XIX (la llamada 'Pacificación de la Araucanía'). A esto se suma la falta de reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, la ausencia de una política de restitución territorial efectiva y la discriminación estructural que persiste hasta hoy. Según el historiador José Bengoa, mientras el Estado mantenga una mentalidad colonialista y discriminatoria, el conflicto tiene pocas posibilidades de resolverse.

Demanda

El pueblo mapuche exige la restitución de tierras ancestrales arrebatadas durante la llamada 'Pacificación de la Araucanía' en el siglo XIX, el reconocimiento constitucional como pueblo nación y el fin de la discriminación y la mentalidad colonialista por parte del Estado chileno. También demandan autonomía territorial y el cese de la militarización del Wallmapu. Adicionalmente, las comunidades mapuches y la ONU exigen el inicio de un diálogo participativo y de buena fe entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, la investigación independiente de las violaciones a los derechos humanos —incluyendo alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y expresiones discriminatorias—, y la aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT, en particular su artículo sobre consulta previa y derechos territoriales, así como la resolución negociada de las huelgas de hambre de presos mapuches. El rechazo de la propuesta constitucional deja pendiente la demanda de reconocimiento formal del pueblo mapuche en el ordenamiento jurídico fundamental del Estado chileno. Las comunidades mapuches han señalado específicamente la falta de aplicación del artículo 169 del Convenio 169 de la OIT como uno de los incumplimientos centrales del Estado, demandando su implementación efectiva en materia de tierras, recursos naturales y consulta previa.

Actores involucrados

Medidas de presión